02 noviembre, 2010

Ley Simi: el rostro de la corrupción

Ley Simi: el rostro de la corrupción
Javier Flores
La Cámara de Diputados acaba de cometer un error muy grave. Aprobó ayer por mayoría, una ley que ejemplifica con claridad el grado de corrupción en el que se encuentra inmerso nuestro país. Se trata de una modificación a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante la cual, en lugar de buscar solución de fondo al desabasto de medicamentos que desde hace varios años enfrenta esta institución, repartirá vales entre los derechohabientes que podrán canjearse por medicinas en las farmacias.
La iniciativa fue presentada por el Partido Verde Ecologista de México, cuyos dueños –que no dirigentes– forman parte de una familia que es al mismo tiempo propietaria de las farmacias El Fénix y de las de medicamentos similares, lo que indica claramente que existe un conflicto de interés. Este partido, que subsiste debido a la ignorancia de algunos sectores sociales que creen que realmente se preocupa por la lucha en favor del medio ambiente, y por las alianzas que ha hecho en distintos momentos tanto con el PAN como con el PRI, diseñó una campaña política de tres puntos (sí sólo tres) en la que además del canje de vales por medicinas, ofrece la pena de muerte y vales para aprender inglés y computación, lo que ilustra su riqueza ideológica.

La iniciativa votada ayer y aprobada por mayoría implica la privatización de una de las funciones más importantes del IMSS, que tiene que ver con el tratamiento de los enfermos. Si bien este instituto enfrenta continuamente el problema de desabasto de medicamentos –algo que se podría resolver dotándolo de más recursos y mediante acuerdos con los laboratorios–, esta tarea ha funcionado para regular positivamente el mercado de fármacos, pues al adquirir volúmenes importantes de genéricos o medicinas de patente, abate los precios con la consecuente reducción de los costos.

Al repartir vales para que los derechohabientes acudan a las farmacias, como lo han decidido vergonzosamente los diputados, los precios de cada tratamiento se incrementarán enormemente y los costos –que tendrá que pagar el propio IMSS– serán mayores. Los beneficiarios de este descarado acto de corrupción serán el sector privado farmacéutico en el que se encuentra nada menos que la familia de los dueños del Partido Verde.

Pero este evidente acto de corrupción en contra una de las instituciones más importantes para la seguridad social en México, aprobado también por los diputados del PRI para pagar supuestas lealtades, ocurrió con tal desaseo, que ofrece la oportunidad de que pueda ser corregido. Se incurrió en una ilegalidad en el procedimiento parlamentario consistente en que el dictamen no se aprobó en el seno de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, sino que sus promotores recogieron las firmas en los pasillos (la suciedad siempre deja huellas). Por ello y por ser un atentado contra la seguridad social en México, el diputado Alejandro Encinas anunció que será presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ojalá que este recurso prospere y pueda darse marcha atrás a este descarado acto de corrupción.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: http://www.jornada.unam.mx/2010/10/27/index.php?section=opinion&article=041a1soc
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Vales por medicinas
Javier Flores
Recibí una carta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que hace referencia a la reciente aprobación de una reforma al artículo 91 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por la que se entregarán a los derechohabientes vales que podrán canjear por medicinas en las farmacias. Como la misiva está dirigida a mí, probablemente porque abordé este tema el pasado miércoles en un artículo titulado Ley Simi: El rostro de la corrupción, y porque creo que se trata de un asunto de interés general, me parece pertinente referirme aquí a esa comunicación.
La carta califica como acusaciones sin fundamento que las modificaciones a la ley citada busquen beneficiar a una familia en particular vinculada con el PVEM. Tienen razón, pues los términos de la ley, tal como fue aprobada el martes por la Cámara de Diputados, no se refiere específicamente a las Farmacias Similares o a las Superfarmacias El Fénix, en las que participan personas relacionadas con ese partido, sino a ese tipo de establecimientos en general. Pero aun así, es inocultable que al surgir la iniciativa de un partido fundado y liderado por familiares de dueños de farmacias, existe un claro conflicto de interés, que en mi opinión, debió haber bastado para impedir la modificación a la ley.

La misiva insiste en que la reforma no favorecerá a ninguna empresa privada, además de que considera absolutamente falso que encierre intereses económicos y comerciales. Los únicos beneficiados serán, según la carta: los más de 50 millones de derechohabientes del IMSS, quienes podrán recibir sus medicamentos y agentes terapéuticos de forma inmediata. Veamos si esto es cierto. Pensemos por un momento en una persona afectada por hipertensión arterial, a la que los médicos del Seguro Social le prescriben un medicamento, digamos la nifedipina, pero al no existir este fármaco en cantidad suficiente en el propio instituto, se le dará un vale que podrá canjear por el fármaco en alguna farmacia autorizada por algún mecanismo que todavía no está definido, y que abre una puerta muy ancha a nuevos esquemas de corrupción.

Las farmacias adquieren las medicinas de los laboratorios que las producen (que en muchos casos son los mismos a los que compra directamente el IMSS) y operan con un margen de utilidades que es legítimo en cualquier negocio. Es obvio que los costos por este procedimiento se verán incrementados pues, comparativamente, el precio de las medicinas que adquiere en grandes volúmenes el instituto, es mucho menor que lo que éste tendrá que pagar ahora a las farmacias particulares que operan con un margen de ganancia y en las que la nifedipina resultará mucho más cara. Afirmar que no existen intereses económicos involucrados en la reforma a la ley, y que se trata del más puro espíritu altruista, como sugiere la carta, es algo demagógico y muy poco serio.

De acuerdo con la reforma, los vales se entregarían sólo en el caso en el que hubiera insuficiencia de medicinas en el IMSS y dependiendo de la capacidad presupuestaria del instituto. Aquí hay algo muy extraño, pues los creadores de la iniciativa, que ya fue aprobada, parten de la hipótesis –o de información privilegiada– de que el desabasto de fármacos no es el resultado de la carencia de recursos económicos en el Seguro Social. En otras palabras, no habría medicinas, pero sí dinero para pagar a las farmacias.

Es algo muy simple: si el desabasto no es resultado de la falta de recursos, entonces es consecuencia de fallas en los procedimientos para la adquisición de medicamentos, corrupción u otras causas que bien podrían ser atacadas y corregidas, preservando y saneando a esta importante institución. Si, por el contrario, el desabasto es consecuencia de la falta de presupuesto, entonces no hay esquema que pueda funcionar para satisfacer la demanda de los enfermos, pues las farmacias particulares no van a entregar los productos que comercializan a cambio de vales que no podrán cobrar. Es claro que ante este dilema, la solución más adecuada es fortalecer al IMSS y no privatizar –la carta rechaza que se trate de eso– una de sus tareas más importantes, que consiste en proporcionar a los derechohabientes los tratamientos que requieren para preservar su salud. Por otra parte, el modelo de privatización de las funciones del Seguro Social, que a mi juicio se expresa en este tema, ha mostrado ya sus fallas, como en el caso de la subrogación del servicio de guarderías.

La decisión tomada por la mayoría de los diputados debe ser corregida. Una oportunidad para hacerlo la brinda la discusión que, tengo entendido, deberá darse ahora en el Senado de la República. Yo no puedo explicarme cómo los diputados del Partido Revolucionario Institucional pudieron avalar esta reforma, pues siempre han insistido que el desarrollo de la Seguridad Social en México ha sido el resultado de su labor. Entiendo que existe una alianza con el PVEM y que la votación que se dio puede ser el resultado de esa vinculación. Si tienen que pagarse facturas o lealtades, que se busquen otras formas, pero que no se arriesgue a una institución que es clave para la salud de los mexicanos.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: http://www.jornada.unam.mx/2010/11/02/index.php?section=opinion&article=a03a1cie

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